El municipio alicantino acoge este jueves y viernes el IV Congreso Nacional del Agua, que este año se centrará en el binomio agua-energía. La vicepresidenta de la Diputación provincial y alcaldesa del municipio, Ana Serna, analiza los retos hídricos de la región.
Entrevista a Ana Serna, alcaldesa, publicada en El Ágora Diario
A un día de que comience este jueves, 15 de septiembre, el VI Congreso Nacional del Agua que tendrá lugar en Albatera, hablamos con la alcaldesa del municipio alicantino y vicepresidenta de la Diputación provincial, Ana Serna, sobre el congreso del que será anfitriona y los retos hídricos de la región.
PREGUNTA: – La cuarta edición del Congreso Nacional del Agua se celebra en Albatera. ¿qué significa para la población de la que es alcaldesa?
RESPUESTA: – Este congreso es una demostración más de que los municipios alicantinos, y muy especialmente en la Vega Baja, tenemos una sensibilidad especial con el agua. Albatera, en un momento en que la situación hídrica es tan compleja para nuestra región, quiere participar activamente en la búsqueda de las mejores alternativas en la gestión del agua y de la energía.
Pero, además, un congreso de esta importancia es también un muy buen escaparate para la localidad, sus valores turísticos, su comercio y sus productos. A lo largo de dos días tendremos el placer de ser anfitriones de centenares de asistentes de toda España, lo que unido a la amplia difusión a través de plataformas digitales, supone un impulso al nombre.
P. – Usted es además vicepresidenta de la Diputación de Alicante y responsable del Ciclo Hídrico ¿Cómo valora la situación del Trasvase Tajo-Segura? ¿y de la transferencia Júcar-Vinalopó?
R. – La situación es crítica desde que comenzaron los recortes del trasvase Tajo-Segura. Ahora, la propuesta del Plan Hidrológico del Tajo está cargada de arbitrariedad. No hay un Plan Hidrológico Nacional que armonice la planificación de todas las cuencas, y esto permite que el Plan del Tajo ignore las demandas del trasvase Tajo-Segura y proponga un aumento de los llamados caudales ambientales del Tajo, sin que exista ni siquiera un criterio válido a nivel nacional para su determinación. La situación es muy complicada.
En el caso del Júcar-Vinalopó, la Confederación Hidrográfica ha aprobado os planes de actuación sobre las masas de agua subterránea declarándolas en riesgo de no alcanzar el buen estado, sin consensuarlos con los usuarios. Eso deja al Alto Vinalopó en una situación insostenible. El impacto negativo socioeconómico es alucinante. La propuesta del Plan Hidrológico del Júcar tampoco garantiza el funcionamiento del Trasvase Júcar-Vinalopó.
P. – ¿Es el agua desalada una alternativa a corto plazo para cubrir el déficit hídrico de la provincia?
R. – Es evidente que el agua desalada puede ser parte, y de hecho ya lo es, de la solución al déficit hídrico de nuestra región. Lo que es absurdo es pretender que tenga que ser la única solución, algo que a corto plazo no es posible debido a la falta de infraestructuras, al alto coste energético y a la necesidad de mezclar las aguas desaladas con aguas de otros orígenes para rebajar las concentraciones de Boro.
P. – ¿Qué efecto tendría en la economía y en el empleo una reducción drástica de los caudales?
R. – El trasvase Tajo Segura, todos lo tenemos claro, es una infraestructura irrenunciable, vital para el Levante Español. La agricultura es uno de nuestros principales motores económicos, hay miles de familias que viven de la de ella. Y no sólo eso, tenemos garantizar que siga produciendo y continúe llegando la fruta y la verdura a nuestra mesa. Nos hemos llenado la boca durante la pandemia en decir que éramos la huerta de Europa y ahora qué pretendemos hacer. Al final, nuestros campos y huertas son auténticos sumideros de CO2, suponen un freno a la desertificación y mantienen un ecosistema. Si acabamos con ellos el impacto no sólo a ser económico. Va a ser medioambiental. Sustituir el agua trasvasada por la desalada con el coste energético que supone, cuatro veces superior, supone ahogar a la provincia y al levante Español.
P. – ¿Qué acciones se están desarrollando desde la Diputación en materia hídrica?
La Diputación de Alicante es todo un referente nacional por sus trabajos en materia de aguas, llevando la automatización y los sistemas de smartwater incluso a los municipios más pequeños e invirtiendo en la modernización de las infraestructuras para lograr un mejor servicio y mayor eficiencia.
Desde el punto de vista de la planificación hidrológica, aunque la Diputación no tiene competencias específicas, colaboramos con las Confederaciones Hidrográficas poniendo a su disposición los datos de las redes de medidas y los resultados de diferentes estudios.
A través de la Mesa provincial del Agua y de la Comisión Técnica apoyamos y coordinamos a los diferentes colectivos de la sociedad (agricultores, grupos políticos, hosteleros, hoteleros, expertos, etc.) para que puedan presentar alegaciones a los planes, y marcamos una hoja de ruta junto con todos ellos para ir todos en la misma línea. Y es muy importante concienciar a la ciudadanía de que esto no es algo que afecte sólo al campo. Esto afecta a toda la sociedad en general. Al final, cuando el agricultor tiene que pagar el agua al precio que pretenden que paguemos el agua, tiene que asumir los costes, el intermediario a su vez sube los costes. Y cuando el producto llega al mercado el coste es elevadísimo y eso repercute en el bolsillo del ciudadano.
P. – ¿Es la sostenibilidad un factor de competitividad para los territorios y para las empresas?
Yo diría que la sostenibilidad es el factor clave. La sostenibilidad tiene que ser entendida de forma global, incluyendo los aspectos económicos, sociales y medioambientales. Cualquier actividad económica que no tenga en cuenta estas cuestiones no será competitiva, ni siquiera viable.
P. – ¿La energía fotovoltaica servirá para limitar la dependencia de las fuentes fósiles?
Claro, la energía fotovoltaica es ya una realidad y es también el futuro. Estamos muy concienciados con implantación de la Agenda 2030 en la provincia. Pero no hay que perder la realidad: a corto plazo no puede plantarse como alternativa única, ni puede servir para hacer frente a los costes que tendría la desalación si se eliminan los trasvases.
Algunos de los grandes proyectos que se están publicitando no dejan de ser grandes campañas de marketing a las que nos tiene acostumbrados tanto el Gobierno de la Generalitat como el Gobierno de la nación. Que luego no se llevan a efecto. Es necesario plantearlos con estudios rigurosos, consignación económica y plazos realistas. Pedimos estar en la lista de prioridades de nuestro presidente, donde nos merecemos. La provincia de Alicante siempre ha estado en la cola con Gobierno del PSOE.
P. – ¿Qué puede hacer la Administración para potenciar el medio ambiente como factor de competitividad en la economía?
R. – La única solución es una buena planificación. Habría que retomar el Plan Hidrológico Nacional. El problema de este país no es que no haya agua, el problema es que no se reparte bien el agua. Habría que hacer una planificación justa y equitativa que beneficie a todo el país.
P. – ¿Cómo debe luchar la provincia contra el cambio climático?
R. – Pues con los elementos que ya hemos comentado: la apuesta firme por la implantación de la Agenda 2030, la inversión en infraestructuras y tecnologías que nos hagan más eficientes y resilientes, el mantenimiento de nuestra superficie verde y la utilización de soluciones sostenibles.