El experto en planificación hidrológica Francisco Cabezas analiza el desafío de la relación entre hidrología y medio ambiente, junto con los caudales ecológicos. Será uno de los ponentes del próximo Congreso Nacional del Agua que se celebrará en septiembre
Entrevista a Francisco Cabezas, Director General de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, publicada en El Ágora Diario
Francisco Cabezas Calvo-Rubio, director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, ha ocupado cargos de responsabilidad en la Confederación Hidrográfica del Segura y el en Ministerio de Medio Ambiente como subdirector General de Planificación Hidrológica, desde donde impulsó y culminó la aprobación de todos los primeros planes de cuenca de España, coordinó la redacción del Libro Blanco del Agua y la trasposición de la Directiva Marco de Aguas, fue secretario del Consejo Nacional del Agua, y coordinó la elaboración y aprobación del Plan Hidrológico Nacional.
Después de esta etapa, Francisco Cabezas pasó a dirigir el Instituto Euromediterráneo del Agua, con actividad centrada en el estudio de los problemas de escasez y seguridad hídrica en el ámbito mediterráneo, con especial atención al trasvase Tajo-Segura. Ha sido autor de los trabajos técnicos del Memorándum y de las actuales reglas de explotación. Además, ha sido miembro de su Comisión Central de Explotación como experto invitado.
Francisco Cabezas compagina esta ocupación profesional con la docencia en la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena. Este ponente de primera línea del Congreso Nacional del Agua ha recibido diferentes distinciones profesionales y es autor de numerosos informes, publicaciones, trabajos e investigaciones sobre hidrología y recursos hídricos.
Pregunta: ¿Qué puede aportar un programa nacional de caudales ecológicos a la planificación hidrográfica del país?
Respuesta: Algo muy importante, que es asegurar la unidad de criterio técnico y el tratamiento equitativo a todos los territorios, desde el punto de vista del establecimiento de caudales ambientales y niveles de protección de referencia. Obviamente unidad de criterio no significa igualdad de resultados, pero sí igualdad de tratamiento ante circunstancias locales que son variables en los diferentes lugares.
Pese a los importantes esfuerzos realizados por establecer un marco normativo común, como el Reglamento y la Instrucción de Planificación, la realidad es que en los borradores de los planes en desarrollo se observan diferentes disfunciones y heterogeneidades locales que deben ser superadas.
Solo la contemplación de este problema a escala global, y por una entidad eminentemente técnica, especializada en el análisis científico de los problemas del agua, y no vinculada de forma directa a las circunstancias y presiones de las distintas demarcaciones hidrográficas y territorios, puede asegurar que se realiza un planteamiento unificado y objetivo como el que sugiero, y que creo cada vez más necesario.
P. – ¿Considera que están justificadas estas medidas que tanto afectan a los territorios de Almería, Murcia y Alicante?
R.: Creo que no existe todavía un mecanismo debidamente establecido y contrastado que permita validar la eficacia real de todas estas medidas relativas a los caudales ecológicos.
Por el momento lo que se ha desarrollado con carácter general en España es un conjunto de determinaciones globales de carácter prescriptivo, en general basadas simplemente en los registros hidrológicos, pero sin que se haya llegado a establecer la relación de estos datos hidrológicos con los servicios ecosistémicos y beneficios ambientales que se deben proteger.
Creo que la identificación y análisis de estas relaciones entre la hidrología y el medio ambiente es el desafío de los próximos años en relación con los caudales ecológicos, junto con una reconsideración del paradigma del régimen natural, concepto que debe ser revisado en el actual contexto de cambios globales, muchos de ellos irreversibles, de cambios climáticos, y de no estacionalidad hidrológica.
P. – ¿Las medidas alternativas pueden paliar con garantías la reducción de caudales del trasvase?
R.: Una reducción de caudales del trasvase podría paliarse parcialmente en función de las medidas alternativas que se planteen. Para valorar esta situación es necesario identificar estas medidas, valorar su eficacia técnica y ambiental, y conocer sus costes económicos.
Es un trabajo que se debe llevar a cabo necesariamente en el marco de la planificación hidrológica, si bien en los borradores propuestos hasta el momento este problema no se ha planteado con la profundidad requerida, acorde con la importancia de la situación planteada.
P. – ¿Qué efecto económico y social tendrá la disminución de caudales?
R.: Los efectos económicos y sociales de la reducción de caudales del Trasvase Tajo-Segura son sin duda muy importantes y han sido evaluados en distintas ocasiones, y por diferentes autores, desde hace años. Lógicamente su cuantía dependerá de la magnitud relativa de la reducción que se plantee.
Ya en el primer plan hidrológico del Segura, en 1998, se señaló este importante problema y se concluyó que los efectos socioeconómicos de la supresión del trasvase serian tan graves para esa cuenca que este supuesto resultaba inaceptable y no podía, ni siquiera como hipótesis teórica, ser contemplado en su planificación hidrológica.
Una reducción de caudales que preserve el abastecimiento urbano en su situación actual, pero que introduzca recortes significativos a los regadíos, tendría efectos igualmente adversos, que se traducirían en el abandono parcial de explotaciones, y un muy significativo encarecimiento para aquellas que tengan la capacidad económica necesaria para soportar los costes resultantes.
Hay que recordar que estos costes, aun subvencionados, serán inevitablemente muy elevados, como resultado de la obligada aportación y mezcla a gran escala de aguas marinas desaladas y, además, en un contexto internacional de costes de la energía crecientes y sumamente inciertos incluso a corto plazo.
Además de muy arriesgada en términos geoestratégicos, es una política antisocial, que ignora a las explotaciones más modestas y con agriculturas tradicionales y familiares, que no podrán subsistir y quedarán expulsadas del sistema agrícola productivo. Son razones por las que creo que todo esto debiera replantearse.
P. – En España hay en funcionamiento dieciséis trasvases que garantizan el abastecimiento de la población y aseguran el suministro de agua al sistema agroalimentario. ¿Por qué está siempre en entredicho el que une el Tajo con el Segura cuando son resultados son innegables?
R.: Aunque puede haber fundamento histórico para un cierto agravio territorial, más o menos presente desde los orígenes del proyecto, hay un problema político de fondo que desafortunadamente, y pese a los importantes avances realizados, no ha podido ser definitivamente resuelto.
Creo que la resolución de este y otros conflictos similares ha de venir necesariamente de la mano de una planificación hidrológica nacional que, con sólida fundamentación técnico-económica, y sin condicionamientos ni apriorismos políticos, aborde los problemas con amplitud de miras y largos horizontes temporales.
Centrarse exclusivamente en favor de soluciones locales impide abordar cuestiones de mayor ambición y alcance, que pueden ser las más idóneas para el conjunto de la sociedad.
P. – ¿Queda alguna alternativa para reclamar el mantenimiento de los caudales que no sea la vía judicial?
R.: La alternativa adecuada es la correcta aplicación de la planificación hidrológica, corrigiendo los errores cometidos que, en gran medida, ya han sido revelados y puestos en conocimiento de la Administración en los procesos de consulta pública de los borradores de los planes.
P. – ¿Tiene algún sentido volver a plantear el trasvase del Ebro?
R.: No tengo ninguna duda de que, obviamente con la necesaria actualización y puesta al día, tiene pleno sentido ese replanteamiento, no por el trasvase del Ebro en sí como panacea o pieza única para la resolución de problemas, como por otra parte nunca fue concebido, sino como un posible e importante elemento más, dentro de un gran sistema integrado, que no debe ser excluido a priori del estudio global de alternativas que una planificación hidrológica nacional ambiciosa y responsable está obligada a plantear.
La conducción del Ebro ofrecería conectividad hídrica a una parte muy importante del país, desde Cataluña a Andalucía, y puede proporcionar una gran versatilidad, seguridad hídrica y ventajas económicas a los sistemas hídricos conectados que pudieran integrarse, aportando y recibiendo recursos, incluso desalados, máxime considerando las actuales oportunidades de financiación comunitaria existentes.
No es entendible, más que por razones de mera propaganda e ingeniería sociopolítica, que esta actuación se haya convertido en un tabú que, al margen de toda racionalidad científica, ni siquiera es posible plantear.